Desde mi perspectiva como magistrado considero que la cercanía entre los profesionales del derecho y la ciudadanía no es un elemento accesorio, sino una condición esencial para la legitimidad y eficacia del sistema de justicia. Durante años, el poder judicial ha sido percibido como una institución distante, técnica y en ocasiones, inaccesible. Sin embargo, esta distancia debilita la confianza pública y dificulta que las personas comprendan y ejerzan plenamente sus derechos. Por ello, es imprescindible promover una relación más cercana, transparente y humana entre quienes imparten justicia y la sociedad.
La cercanía no implica comprometer la imparcialidad ni la independencia judicial, sino fortalecer la comunicación y la comprensión mutua. Los magistrados debemos garantizar que las resoluciones no solo sean jurídicamente correctas, sino también comprensibles para las partes involucradas. Explicar de manera clara los fundamentos de una decisión contribuye a que los ciudadanos perciban el proceso como justo, incluso cuando el resultado no siempre les favorezca. La claridad y la accesibilidad del lenguaje jurídico son herramientas clave para acercar el derecho a la vida cotidiana.
Asimismo, la cercanía permite reconocer que detrás de cada expediente existen personas con historias, preocupaciones y necesidades reales. Esta conciencia humaniza la labor judicial y favorece decisiones más sensibles al contexto social. Sin perder objetividad, el juzgador puede y debe actuar con empatía, entendiendo el impacto que sus resoluciones tienen en la vida de los ciudadanos.
Además, fomentar la cercanía fortalece la confianza en las instituciones. Cuando la ciudadanía percibe apertura, respeto y disposición al diálogo, se reduce la desconfianza y se promueve una cultura de legalidad. Esto resulta fundamental para consolidar un estado de derecho sólido.
En conclusión, la cercanía entre nosotros los profesionales del derecho y la ciudadanía es un pilar para una justicia más transparente, comprensible y humana. Es a través de esta relación que se construye no solo el cumplimiento de la ley, sino también la confianza social en quienes la aplican.
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